jueves, 6 de diciembre de 2007

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia




Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC-EP son una organización guerrillera de visión marxista-leninista participes del conflicto armado colombiano. Surgió en 1964 y es dirigida por un secretariado de siete miembros[1] bajo el comando de Pedro Antonio Marín, conocido por los alias de Manuel Marulanda o Tirofijo.
Alrededor de 30 países la califican como un grupo terrorista (Colombia, Estados Unidos[2] y Canadá[3] así como la Unión Europea[4] ). Los gobiernos de algunos países latinoamericanos (como Ecuador, Venezuela, Bolivia y Brasil) han decido no intervenir en el tema, por lo que no califican a este grupo como terrorista.
Sus acciones armadas hacen presion en 24 de los 32 departamentos de Colombia,[5] especialmente al sur y oriente del pais, con presencia significativa en Putumayo, Huila, Nariño, Cauca y Valle del Cauca[6] y consisten en guerra de guerrillas y combate regular convencional, así como el asesinato de poblacion civil, miembros del gobierno y militares, el desplazamiento de campesinos a áreas urbanas, la destrucción de la infraestructura de las ciudades y el secuestro (o asesinato) con fines políticos, como el de Íngrid Betancourt. Han llegado incluso a atacar a la población cívil con cilindro de gas[7] violando así el Derecho Internacional Humanitario. Tambien mantienen el 60% de los cultivos ilícitos en Colombia lo cual contribuye significativamente al sostenimiento de las FARC como organizacion[8] y afecta considerablemente el medio ambiente.[9]
Están integradas por aproximadamente 12,000 a 17,500 combatientes,[10] ,[11] de los cuales, según un informe de Human Rights Watch, aproximadamente el 25% son niños reclutados

Desarrollo Histórico de las FARC-EP
Las FARC-EP son la guerrilla más antigua y numerosa de América Latina. Fundada después de la ofensiva que, "con el fin de reafirmar la autoridad del llamado Frente Nacional", el ejército colombiano realizó en 1964 contra la "República de Marquetalia"[13] , una de las comunidades autónomas creada por grupos armados comunistas y liberales radicales a finales de la época de la violencia que siguió al Bogotazo en 1948.

Orígenes
En 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder luego de un golpe de estado y buscó llevar a su fin la época de La Violencia bipartidista. Por medio de las amnistías, cerca de 5.000 guerrilleros liberales dejaron las armas.[9]
El Partido Comunista Colombiano (PCC) desconfió de la amnistía de Rojas Pinilla y se negó a entregar las armas, si bien hubo grupos que se declararon conformes con la amnistía.[10] Durante las negociaciones varios de los grupos comunistas que seguían en armas se concentraron en Sumapaz donde, según su versión de los hechos, fueron atacados por fuerzas militares que usaron helicópteros y Napalm provisto por el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA.[11]
Estas guerrillas comunistas y varios liberales radicales de los cuales hacia parte el actual comandante de las FARC Manuel Marulanda, también conocido como "Tirofijo", se retiraron hacia el sur, en la región de Marquetalia, donde establecieron lo que llamaron una "zona liberada"(sin ref.).
Seguido crearon zonas similares en El Pato Caqueta, Riochiquito Cauca, Guayabero y el sudoeste de Tolima.[12] Campesinos acosados por bandoleros y en algunos casos por el ejército colombiano se establecen en las llamada "zonas liberadas", por lo que surgió una administración civil además de la armada.[14] Surgen discrepancias teóricas y algunos grupos tratan de establecer una estrategia guerrillera ofensiva. Hecho por el cual fracasan el MOEC (Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos), el FUAR (Frente Unido de Acción Revolucionaria) y el Movimiento Vichada. El PCC asienta su estrategia basada en la autodefensa armada y el ejemplo de las "zonas liberadas".(sin ref.)
Entre 1956 y 1958 liberales y conservadores llegan a un acuerdo de reparto del poder con la intención de frenar la violencia bipartidista después del Bogotazo de 1948, y se crea el Frente Nacional. El nuevo régimen, en medio de la Guerra Fría, considera que se debe poner fin al experimento comunista y califica a las zonas liberadas de "repúblicas independientes", al estar fuera del control y jurisdicción de la administración nacional.[15]

Las "Repúblicas independientes"
Las guerrillas comunistas consideran que esta expresión fue elegida por el gobierno para acusarlos de separatismo y apelar al patriotismo de los colombianos en su contra. En la década del 1960 se articula el Plan LASO con ayuda de Estados Unidos, cuyo desarrollo comienza en 1962, pero a pesar de varios avances fracasa en Marquetalia (el mayor de los establecimientos de los comunistas). En 1964 se inicia la segunda ofensiva contra El Pato. Miles de soldados del gobierno (según fuentes militares participaron 1.600), consiguen entrar en las zonas. [16]

Los años sesenta y setenta
Durante sus primeros años de existencia, las FARC-EP tenían un carácter exclusivamente rural y limitado a acciones relativamente esporádicas en pequeñas zonas de influencia, primando todavía el componente de autodefensa campesina. El gobierno colombiano intento varios operativos militares para acabar con el grupo guerrillero, que al final no lograron su fin.[17]
En junio de 1964, Marulanda y unas docenas de hombres, dispersados por la acción militar, se internaron en la selva y el 20 de julio de 1964 se reunieron para crear oficialmente el llamado Bloque Sur, la primera insurgencia guerrillera del Partido Comunista en Colombia, de donde nacerían las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del pueblo). El 5 de mayo de 1966, la Segunda Conferencia del Bloque Sur oficializa la conformación de las FARC-EP como brazo armado del partido comunista.[18]
Así, la guerrilla de las FARC-EP ha mantenido hasta la actualidad una insurgencia armada contra el Estado colombiano (El conflicto colombiano es calificado por varios analistas como guerra civil, sin existir consenso al respecto ni en Colombia, ni en el mundo) (sin ref.). Es probablemente el conflicto bélico más prolongado del mundo junto con los desarrollados en Birmania y Cachemira.(sin ref.)

Los años ochenta
Hasta la década del ochenta, las FARC crecieron de manera relativamente lenta; además de sufrir una escisión por parte de Javier Delgado y Hernando Pizarro Leóngomes, antiguos comandantes de las FARC formando aparte una guerrilla llamada Comando Ricardo Franco Frente-Sur. Las FARC contaban con entre 1.000 y 3.000 hombres. En la Séptima Conferencia del 4 al 14 de mayo de 1982, bajo el mando del líder político "Jacobo Arenas", se plantearon varias directrices estratégicas nuevas y se reafirmó el principio de la "combinación de todas las formas de lucha", la política y la armada.(sin ref.)
A partir de ese momento las FARC se nombran "Ejército del Pueblo" (FARC-EP) y se plantea la política del desdoblamiento de frentes, con objetivo duplicar el número de integrantes y se fijan fechas para una futura toma efectiva del poder en los años noventa.(sin ref.)
Se produce también un rechazo a toda relación con el emergente fenómeno del narcotráfico y de sus cultivos, pero gradualmente durante los años 80 se termina aceptando porque en los campos se constituye en una actividad creciente(sin ref.). Se establece gradualmente el cobro de impuestos a productores y a narcotraficantes como fuente de financiación, mediante el llamado "gramaje".(sin ref.)
El 28 de mayo de 1984, tras una reunión de los líderes de los 27 frentes y del estado mayor, se establece un alto el fuego, como parte de los acuerdos firmados con el gobierno de Belisario Betancourt (Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz, conocidos como los Acuerdos de la Uribe).(sin ref.)
Este intento de negociación fracasó debido en gran medida a dos elementos: las violaciones del cese de hostilidades por las dos partes, y la violencia política de sectores de la extrema derecha, entre ellos líderes políticos locales y varios miembros de las Fuerzas Armadas, así como actores de izquierda, incluyendo entre ambas partes (derecha e izquierda) algunos mandos importantes, y de los narcotraficantes.(sin ref.).
A pesar de un intento inicial de miembros de las diferentes guerrillas por llegar a un acuerdo con Pablo Escobar, entre otros narcotraficantes, eventualmente se rompen los contactos formales debido a los secuestros de familiares y amigos de los mismos por parte de los insurgentes. (sin ref.)
El narcotráfico, posteriormente también en guerra frontal contra el estado para impedir el inicio de la posible extradición de sus miembros a Estados Unidos, decide tomar venganza contra la guerrilla y los campesinos simpatizantes(sin ref.), financiando escuadrones privados a partir de sus propios grupos de sicarios, incluyendo también la participación de asociaciones de ganaderos y propietarios rurales (terratenientes), contando además con la colaboración de varios militares del Ejército colombiano(sin ref.), tanto directa o indirectamente, constituyendo los inicios de los grupos conocidos actualmente como autodefensas o paramilitares (que, desde 1997, se unirían en torno a las AUC).(sin ref.)

Unión Patriótica
La violencia cobró las vidas de importantes políticos tanto del establecimiento legal tradicional opuesto al narcotráfico, entre ellos el ministro Rodrigo Lara Bonilla, como de numerosos miembros de la izquierda legal en particular del entonces recientemente fundado partido legal de las FARC-EP: la Unión Patriótica (UP). Este movimiento, a pesar de las intenciones iniciales de incluirlo dentro del estrategia de la "combinación de todas las formas de lucha", no fue exclusivamente un órgano de las FARC-EP, pues con el contó con participaciones de movimientos civiles, sindicales y obreros con diferentes intenciones. Varios dirigentes de la UP llegaron a no estar de acuerdo con el accionar armado de las FARC-EP y pedían mantener la vía política a pesar de la nueva ola de violencia desatada, criticando tanto al gobierno como a las FARC-EP por no hacer más intentos de controlar la situación.
La UP como tal siguió insistiendo en seguir con la vía política, hasta prácticamente su exterminio, del cual se dan diversas cifras, de entre 2.000 a 4.000 militantes asesinados o desaparecidos.(sin ref.) Al interior de las FARC-EP se consideró que perdió su vigencia en ese momento(sin ref.).
En septiembre de 1987 todos los grupos guerrilleros operativos (el EPL, las FARC-EP y el ELN) se constituyeron en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), que sería el resultado del ingreso de los anteriores grupos armados a la ya existente Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) en asocio con el Comando Ricardo Franco Frente-Sur (el cual luego seria declarado enemigo de las FARC-EP y expulsado de la CGSB por los sucesos de Tacueyó) y el Movimiento Armado Quintín Lamé; buscando coordinar tanto las acciones armadas como las negociaciones de paz hacia el futuro. Este intento tuvo muy poca eficacia y eventualmente se dividió(sin ref.). El M-19 acabó firmando la paz, y las FARC y el ELN actuaron completamente separados, si bien posteriormente se realizaron acciones conjuntas en casos específicos.(sin ref.)

Los años noventa
El 9 de diciembre de 1990, día de las elecciones para la Asamblea Constituyente, el ejército, sin previa declaratoria expresa de guerra y cuando informalmente todavía se continuaba el proceso de diálogo, lanzó una ofensiva contra Casa Verde, sede del Secretariado Nacional de las FARC-EP, pero fracasó y obtuvo pocos resultados.(sin ref.)
El gobierno colombiano argumentó que se tomó esa medida porque las FARC-EP no habían cumplido con sus compromisos, ya que todavía realizaban actividades delictivas y no se habían acogido a vía negociada.(sin ref.)
El gobierno colombiano no sólo negociaba con las FARC en aquel entonces, también sostenían negociaciones con otros grupos armados, lográndose por acuerdos políticos y contactos con otras guerrillas la desmovilización de varios grupos armados en 1991 (proceso en el que no participaron las FARC-EP).(sin ref.)
La gran mayoría de los desmovilizados, si bien no recibieron contrapartidas específicas, fueron indultados, se incorporaron a la vida civil y no se les siguieron procesos legales. Bajo la firma de la paz se desmovilizaron algunos grupos (EPL, ERP, Movimiento Armado Quintín Lame, M-19), y pronto lo que quedaba de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar comenzó una serie de negociaciones con el estado. Ese mismo año murió el jefe guerrillero Jacobo Arenas.(sin ref.)
El 3 de junio de 1991 se reinició el diálogo entre la Coordinadora y el gobierno, en territorio venezolano (Caracas) y luego mexicano (Tlaxcala).(sin ref.)
La guerra no se detuvo y continuaron las acciones armadas por ambas partes(sin ref.). El proceso de negociación se rompió en 1993 al no llegarse a un acuerdo. La Coordinadora como tal desapareció no mucho después de ese momento, y los grupos guerrilleros siguieron su lucha independientemente(sin ref.).
Antes de dicho rompimiento, se dio a conocer una carta escrita por algunos intelectuales colombianos (entre los cuales se incluía el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez ) dirigida a la Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar, donde se les reclamaba acerca de la forma en que están llevando a cabo su lucha y las consecuencias que ésta estaba dejando en el país [19] .
A inicios de los años noventa, las FARC-EP disponían de entre 7.000 y 10.000 combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país(sin ref.). En los años 1996 a 1998 las FARC-EP le propinaron al ejército colombiano una serie de golpes, incluyendo una toma de tres días a Mitú en el departamento de Vaupés(sin ref.).
De esta última, resultaron un gran número de soldados prisioneros, actualmente esta denominación no es aceptada por el gobierno de Colombia puesto que el conflicto colombiano no es catalogado como una guerra, sino como un conflicto interno. (sin ref.)
Por este mismo periodo en Colombia se expandían los cultivos de las diferentes drogas y se organizaron amplias marchas de campesinos cocaleros que paralizaron varias vías del sur de Colombia, en las cuales, según el gobierno de este país, las FARC-EP tuvieron influencia. No se ha investigado a fondo cuál sería o no su responsabilidad específica en dicha situación. [20] [21]
En 1998, mediante acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente Andrés Pastrana Arango, se creó la zona de distensión, una zona desmilitarizada que se extendida en 40.000 km² aproximadamente, entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con este grupo armado.[22] En dicha zona las FARC-EP hicieron presencia en cascos urbanos y se les acusa de asumir de hecho, en algunos de éstos, la administración armada contra la población civil (a pesar de que esto último no estaba contemplado en los acuerdos).(sin ref.)
Al mismo tiempo, en los corregimientos como el Caguan se siguieron desarrollando las actividades propias al estado democrático en cabeza del alcalde y diputados elegidos mediante sufragio secreto y universal.(sin ref.) El proceso de paz duro entre 1998 a 2002, pero a pesar de varios avances teóricos y documentales, las tensiones y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el proceso.(sin ref.)
Las negociaciones, que se llevaron a cabo en medio del conflicto, fueron declaradas terminadas por el gobierno colombiano después de una serie de acciones de la guerrilla(sin ref.) y finalmente por el secuestro de un congresista colombiano que viajaba a bordo de un avión de la aerolínea Aires en febrero del 2002 por la columna móvil de las FARC-EP, Teófilo Forero.[23]

Acusaciones
El gobierno acusó a las FARC-EP del uso de la zona de distensión (zona desmilitarizada) para fortalecerse militarmente, lanzar ataques, esconder prisioneros, secuestrados y realizar actividades relacionadas con el narcotráfico, además de incumplir las condiciones pactadas entre las partes.
Al mismo tiempo las FARC-EP, acusaron al gobierno de utilizar el proceso de diálogo para implementar el Plan Colombia y de esta manera fortalecerse militarmente.
En resumen, ambas partes se hicieron reclamaciones mutuas sobre su conducta durante las negociaciones y por su abrupta finalización.(sin ref.)
El gobierno de la época mostró a la opinión pública fotografías aéreas donde se veían campos de entrenamiento armados instalados por las FARC en la zona, a pesar de que esta zona se consideraba como zona "desmilitarizada"(sin ref.).
Se dieron a conocer denuncias de pobladores de la zona acerca del reclutamiento de civiles por parte de las FARC (entre los cuales se incluían menores de edad desde los 10 o 12 años, acción prohibida internacionalmente) Informe de Human Rights Watch denunciando el reclutamiento de niños por parte de las FARC.
Además de acciones directas que realizaron las FARC contra la población civil, como el presunto envenenamiento de un acueducto en el departamento del Huila días antes de que el gobierno finalmente terminara con las negociaciones [13]
El tema de cultivo de coca direcionado al narcotráfico ha sido relacionado con el accionar de las FARC por el gobierno de los EEUU.[14].

El siglo XXI
La llegada a la presidencia de la República de Colombia de Álvaro Uribe, quien inicia la implementación del Plan Patriota, implicó la intensificación de la guerra contra las guerrillas, las cuales deciden promover un regreso a la estrategia de guerra de guerrillas, para de esta manera conservar su estructura, a pesar de estar sometidos a un alto grado de presión y de sufrir en el camino varias derrotas tácticas, incautaciones de material logístico y deserciones masivas [15], [16], [17], [18], .
Hacia el año 2002, según cifras del gobierno, el número de guerrilleros de las FARC-EP solía estimarse en 18.000 hombres, y a inicios del 2005, según estas mismas cifras, entre 12.000 y 13.000 [19].
Las FARC-EP y sectores cercanos a ellos no suelen mencionar cifras específicas, pero estiman que tendrían más de 20.000 hombres.(sin ref.)
Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, no hubo contactos serios entre las FARC-EP y la administración para hablar de paz. Posteriormente, continuaron algunas esporádicas gestiones diplomáticas en pro de la realización de un intercambio humanitario, conocido también como intercambio de prisioneros o canje, entre las FARC y el gobierno colombiano.(sin ref.)
Hasta la fecha, las dos partes no han conseguido ponerse de acuerdo. Las FARC-EP piden que se liberen todos sus guerrilleros presos, incluidos alias "Simon Trinidad" y alias "Sonia" (Quienes se encuentran en manos de la justicia estadounidense) y después de ser reintegrados a la organizacion delictiva; Las FARC-EP liberarian un pequeño grupo de 44 secuestrados, los denominados "canjeables". Para que dicho cambio se haga realidad, las FARC-EP han pedido como requisito la desmilitarización de dos municipios (Pradera y Florida.) Para varios observadores, ambas partes aprovechan la situación para promover sus intereses políticos o militares, ante lo cual las partes en conflicto han recibido numerosas críticas de la población civil nacional e internacional.
Las FARC-EP sostienen que mantienen un gran potencial político y militar.(sin ref.)

Mediación de Hugo Chávez
En agosto de 2007, Uribe designa a la senadora del Partido Liberal y opositora del gobierno Piedad Córdoba como facilitadora para el Acuerdo Humanitario de prisioneros y rehenes. Posteriormente se autoriza también la participación del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en la facilitación. Los sujetos del eventual acuerdo incluían, entre otros, a Íngrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidense, prisioneros de las FARC así como a alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia», dos integrantes de FARC extraditados a los EEUU.
Las gestiones de Córdoba y de Chávez lograron que se aceptara la ciudad de Caracas como territorio neutral para las conversaciones. Los gobiernos de EEUU, Francia, España y Suiza demostraron gran interés en el proceso iniciado. El Movimiento de Países No Alineados, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y el partido gobernante en Uruguay también respaldaron las gestiones.[24]
Durante su gestión la senadora Córdoba logró que tanto «Sonia» como «Trinidad» manifestaran el hacerse a un lado para evitar que el canje no se lograra. Durante el mes de noviembre, en medio de la visita de Chávez a París, el gobierno Uribe estableció como límite de las gestiones el 31 de diciembre de 2007 para lograr el intercambio. Según el gobierno, este plazo era motivado por el hecho de que se trataba de un proceso puntual que no debía dilatase excesivamente en el tiempo.[25]
El 21 de noviembre de 2007 el gobierno colombiano decidió terminar con la mediación del presidente Chávez. El gobierno mencionó que tuvo lugar una conversación telefónica entre el presidente venezolano y el Comandante del Ejército Colombiano General Mario Montoya, añadiendo que Uribe le había dicho a Chávez con anterioridad que «no estaba de acuerdo con que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el Alto Mando institucional de Colombia».[26] [27]
Organizaciones de apoyo a los secuestrados y la familia de Betancourt expresaron su desacuerdo con esta decisión y pidieron que se reiniciaran las gestiones. El presidente francés Nicolas Sarkozy expresó que seguía apoyando la gestión realizada por Chávez. El martes 20 de noviembre, Chávez le había dicho al presidente francés que Betancourt estaba viva sin aportar pruebas de supervivencia, según dijo porque estas no habían podido llegar a sus manos debido a operativos militares en Colombia.
El 29 de noviembre, el ejército colombiano incautó a milicianos urbanos de las FARC en Bogotá unas grabaciones en vídeo donde se muestran con vida y en precarias condiciones a varios rehenes, entre ellos la ex candidata presidencial. Según Córdoba, esta era la prueba de que la gestión de Chávez y de ella iban por buen camino.[28] [29] La interrupción de la gestión de Chávez causó un incidente diplomático entre los dos países.
Tanto «Iván Márquez», representante las FARC,[29] como Uribe[30] expresaron su confianza en la mediación de Sarkozy para que el proceso de canje de rehenes siguiera adelante.

Objetivos, actividades y efectos

Objetivos
En comunicados a la opinión publica las FARC-EP afirman que su objetivo es acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas,[31] la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia,[32] mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano,[33] lo que es desestimado por el gobierno y también por gran parte del pueblo colombiano, ya que muchos sectores populares han sufrido del accionar violento de esta agrupación armada.[34] . Ademas de que el grupo esta involucrado en negocios considerados ilegales como el robo, la extorsion, el secuestro y trafico de armas y droga.

Reacción a las FARC: el paramilitarismo
Como reacción a las acciones del grupo insurgente, y amparados por un decreto gubernamental de los años 60, surgen a principios de los años 80 grupos de autodefensa paramilitares contrainsurgentes, algunos apoyados en parte por hacendados, multinacionales extranjeras y narcotraficantes.[35] También participaron algunos sectores de la sociedad civil y miembros de institutiones estatales.[36]

Campo de operaciones
Sus operaciones, intermitentes, abarcan parte del territorio Colombiano y se realizan de acuerdo a necesidades operacionales y de movilización de este grupo(sin ref.). Las FARC-EP también tienen presencia urbana (frentes urbanos, conocidos como milicias o células) en varias ciudades colombianas, particularmente en zonas pobres o marginales.[37]
En varias operaciones han utilizado medios y armas no convencionales que se encuentran prohibidas por la Convención de Ginebra y las Naciones Unidas.[38]

Presencia de las FARC-EP en países vecinos
Las FARC hacen presencia en los países vecinos (por ejemplo, fueron grabadas en Venezuela[39] ), especialmente en las áreas fronterizas de Ecuador.(sin ref.)
A finales del 2006, el gobernador Robinson Rivadeneyra del departamento peruano fronterizo de Loreto ha denunciado la presencia y accionar de las FARC en el Perú. [40]

Tácticas y acciones de las FARC-EP
Sus métodos de combate incluyen la guerra de guerrillas y combate regular convencional. Sus actividades también incluyen los secuestros, actos terroristas y la utilización de armas no convencionales como cilindros bombas. [20]
Según la "ley 002" del 2000 anunciada públicamente por el "Mono Jojoy" de las FARC durante las conversaciones de paz en el Caguán, cualquier directivo de empresa o persona natural con un patrimonio mayor a un millon de dolares deberá pagar un equivalente al 10% de dicho patrimonio bajo la amenaza de secuestro. Esta amenaza provocó en su momento un éxodo de colombianos hacia el exterior. [21]
Hay fuentes que afirman que las FARC utilizan armas químicas que violan el Derecho Internacional Humanitario [22], con serias repercusiones contra la población civil.
Según estadísticas de la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonales, las FARC son los mayores sembradores de minas antipersonales en Colombia y el mundo. [23]
La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos de America incluyeron en 2001 a las FARC-EP en la lista de organizaciones terroristas, al igual que a la guerrilla del ELN y las AUC. Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional los consideran, al igual que a otros grupos ilegales, culpables de violar los derechos humanos, de atacar y perjudicar indiscriminadamente a civiles.
Según Human Rights Watch, las FARC han reclutado a niños, incluyendo a menores de 18 y 15 años. [24].

Atentados de las FARC
Las FARC han utilizado carros o vehículos bomba en diferentes oportunidades, ocultando los explosivos dentro de un vehículo posteriormente abandonado o engañando al conductor del mismo para que lo transporte al lugar del atentado. En algunos casos han hecho explotar dichos vehículos remotamente, matando al conductor y provocando la muerte o heridas a transeúntes que por ahí se encuentren(sin ref.).
Entre las variantes de este tipo de atentados se incluyen los animales bomba, carretillas bomba, bicicletas bomba [25].
El gobierno colombiano, y algunos países de la comunidad internacional, considera Estos actos como atentados terroristas.(sin ref.)
En la masacre de Bojayá donde murieron 110 personas a causa de una bomba lanzada por las FARC contra una iglesia, en medio de un combate contra paramilitares de las AUC, que según el informe de la ONU [41] , tomaron posiciones dentro de Bojayá buscando escudarse en medio de la población. Las FARC posteriormente reconocieron dicho acto como "error".
El 14 de Abril de 2005, La guerrilla realizó una incursión armada a Toribío, lanzando cilindros-bomba en su enfrentamiento con las fuerzas públicas. Tres policías y un niño murieron en el ataque dejando y más de 30 heridos entre civiles y militares. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condeno los injustificables actos de violencia cometidos por las FARC-EP en Toribio, con los cuales se han infringido en forma grave los principios y las normas del derecho internacional humanitario, y, según este organismo, se ha demostrado nuevamente un total menosprecio por la vida, la integridad y la seguridad de los civiles [26].
En algunos de los casos existen dudas sobre los responsables de los atentados. En varias ocasiones se ha llegado a acusarse inmediatamente a las FARC-EP, sin que se haya comprobado plenamente su responsabilidad.(sin ref.) A finales del 2006 se presentaron casos donde militares colombianos fueron investigados por la justicia colombiana por su presunta participación en el montaje de falsos atentados en la ciudad de Bogotá durante ese año, originalmente atribuídos a las FARC, la mayoría de los cuales habrían sido desactivados presuntamente para presentarlos como "falsos positivos" en beneficio de los involucrados [27].

Narcotráfico
Originalmente, los guerrilleros de las FARC se oponían al cultivo de la coca. Durante los años 80 lo aceptaron, participando en el narcotráfico a través de la creación de un «impuesto» (el llamado gramaje) sobre los cultivos ilícitos, aplicable a los campesinos cultivadores. Al mismo tiempo, presentaron propuestas para una posible sustitución de cultivos. Posteriormente las FARC diversificarían su activad más allá de la regulación de los cultivos, cobrando «impuestos» a las actividades de los cárteles de la droga, incluyendo a los laboratorios y las pistas de aterrizaje clandestinas.[42]
Para el 2005, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, estimaba que el porcentaje del dinero embolsado por las FARC procedente de los «impuestos sobre el gramaje» era alrededor de un 30% de sus ingrsos totales, siendo estos de unos $600 millones de dólares durante el año 2003. Según los estimativos de la UIAF, el secuestro y la extorsión ganadera constituyen todavía las principales fuentes de financiación de las FARC.[43]
La relación de las FARC con los cárteles de la droga es muy controvertida. Mientras que el grupo guerrillero niega rotundamente que participen en el negocio de las drogas más allá del «impuesto de gramaje» a la cultivación,[44] tanto el Gobierno de Colombia como el de EE.UU. afirman que las FARC no son más que un gran cártel.[45] [43] No obstante, la mayor parte de los analistas políticos niegan que las FARC sean un grupo de narcotraficantes propiamente dicho.[45] Por ejemplo, el politólogo León Valencia ha afirmado que «hasta ahora ninguna de las personas que han estudiado este fenómeno han encontrado que las Farc trafican con drogas a EE.UU., o que directamente las introduzcan».[45]
De esta manera, tanto en Colombia como en EE.UU., se han iniciado procesos penales en la línea de implicar a las FARC en el narcotráfico, en base a supuestos testimonios de reinsertados y colaboradores, interceptaciones de radio grabadas y documentos emitidos por las FARC.[46] [47] Así, en febrero de 2007, la extraditada Nayibe Rojas, conocida como «Sonia» en las FARC, y otras dos personas fueron declarados culpables de narcotráfico por un jurado en una corte de los Estados Unidos. «Sonia» había sido acusada por los fiscales estadounidenses por cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia ese país. La defensa de «Sonia» insistió en que ni ella ni las FARC participan en el tráfico de drogas, afirmando en cambio que le cobran un impuesto a la producción de coca. [48] Además, varios analistas hablan de estos juicios como una estrategia de presión para forzar a las FARC a negociar un proceso de paz con el Gobierno Colombiano.[45]

Secuestros
Las FARC secuestran a personas de diversos sectores de la población colombiana, incluyendo a terratenientes, comerciantes, campesinos, empresarios, turistas, niños,(sin ref.) políticos, militares y policías, de entre éstos últimos, algunos con alrededor de 10 años de cautiverio.[49] [50] Uno de los casos más conocidos es el secuestro de la ex candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, quien fue secuestrada por los mismos insurgentes cuando se dirigía a dialogar con ellos (en medio de su campaña presidencial).[51]
Cada secuestrado en poder de las FARC es encadenado durante varias horas al dia y supervisado por un guerrillero de la misma, con la orden de asesinarlo en el caso de un intento de rescate por parte las fuerzas militares colombianas,(sin ref.) como ejemplo de ello se tiene el caso del intento de rescate del asesor de paz de Antioquía Gilberto Echeverry Mejía, el Gobernador de Antioquía Guillermo Gaviria y varios soldados colombianos secuestrados, al percatarse de la operación de rescate las FARC les dispararon y asesinaron antes de huir de la presión del ejército, según relataron sobrevivientes.
En aras de negociar el intercambio humanitario o de prisioneros, varios analistas han empezado a diferenciar a los secuestrados, dándoles el estatus de secuestrados políticos o secuestrados extorsivos, ya que en dicho intercambio lo más probable es que sólo los primeros sean incluidos en un intercambio humanitario.
El dia 18 de junio de 2007, las FARC reportaron la muerte de 11 de 12 diputados del Valle del Cauca, luego de haberlos tenido secuestrados durante 5 años. Según el grupo guerrillero, los diputados murieron durante el fuego cruzado que se habría presentado en medio de un combate con un «grupo militar no identificado». La guerrilla culpó a la «intransigencia» del gobierno de Álvaro Uribe.Human Rights Watch responsabilizó de manera directa a las FARC por la muerte de los secuestrados.Amnistía Internacional y ONGs de derechos humanos, repudiaron la muerte de los diputados y responsabilizaron a las FARC por mantenerlos en cautiverio y ponerlos en peligro. Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Giraldo, le exigió al gobierno acceder al despeje de Pradera y Florida. El presidente colombiano acusó a las FARC de asesinar a los diputados y negó cualquier participación de las fuerzas militares en los hechos.